“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. Esta garantía fue escrita en 1948 y es el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada el 10 de diciembre de ese año por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Tiene rango constitucional en la Argentina desde 1994, con su inclusión en el artículo 75, inciso 22, de la Carta Magna.

Contrariamente, el kirchnerismo impuso en el dictamen del Senado sobre la reforma judicial un artículo contra la prensa.

“Comunicar en forma inmediata al Consejo de la Magistratura de la Nación cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos, económicos o mediáticos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole, y solicitar las medidas necesarias para su resguardo”, propone el inciso “E” del artículo 72. En el proyecto original no se mencionaba a la prensa, sino a los “poderes políticos o económicos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole”.

La iniciativa, impulsada por el neuquino Oscar Parrilli (es el habitual vocero de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner) mereció el reproche de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), que reiteró su advertencia acerca de los peligros que entrañan normas de esta característica para la libertad de expresión.

“Combatir a la prensa no ayuda a mejorar la justicia”, machacó la institución, que hace dos semanas había alertado sobre los riesgos de incluir en la iniciativa “una cláusula con el indisimulable fin de favorecer la autocensura, inhibir el escrutinio periodístico y debilitar un debate público vigoroso sobre cuestiones de interés institucional, como son la administración de Justicia y el funcionamiento de uno de los poderes del Estado”.

Adepa lamentó que la Cámara Alta haya desoído no sólo las críticas fundadas sino las objeciones constitucionales que expuso contra la propuesta que finalmente consagraron los senadores del oficialismo. Fundamentalmente, planteó que la imposición de normas arbitrarias y sin precedentes en el mundo terminan desalentando el pleno ejercicio de la libertad de expresión.

“La repudiable incorporación de la insólita figura de ‘presiones mediáticas’ en un dictamen que se refiere a la organización interna del Poder Judicial no deja dudas respecto de la intención de limitar, ensuciar o entorpecer la investigación y la opinión periodísticas sobre casos de interés público que se debatan en el ámbito judicial, casos que muchas veces el periodismo ha contribuido a revelar, ya que es una de sus funciones en la democracia. Más aún, la incorporación sorpresiva de esta cláusula parece responder a un objetivo de represalia ante el trabajo de la prensa en casos de corrupción en los últimos años”, condenó la organización periodística.

Adepa recalcó que a la prensa no le corresponden fueros ni tratamientos especiales. “Simplemente el cumplimiento de las normas de la Constitución y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, que protegen de manera estratégica la libertad de pensamiento, expresión e información y prohíben toda forma de censura previa, directa o indirecta”.

“Cualquier responsabilidad de la prensa por su actuación siempre será ulterior y sometida a las reglas del debido proceso”, remarca el pronunciamiento, en consonancia con el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, también con rango constitucional en el país.

Por el contrario, “la incorporación de esta figura ambigua y superflua sólo se verificaría con una denuncia ex ante, subjetiva, sin pruebas, genérica, innecesaria e intimidatoria, que altera gravemente la garantía de la libertad de expresión en nuestro país”, alertó la entidad.

Toda inhibició que busque acallar voces, “lejos de permitir un debate abierto y vigoroso que mejore y transparente la administración de Justicia, contribuirá a hacerla más opaca, más presionable, menos efectiva y menos cercana a la ciudadanía.

Adepa exhortó a los senadores a que “reflexionen sobre la gravedad institucional de una medida destinada al silenciamiento de la libertad de expresión”.